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Así no, Andrés

-Ciudad de México, a 10 de julio de 2018.


El pasado viernes 6 de julio, Andrés Manuel López Obrador aclaró al público que descarta la posibilidad de reformar el artículo 102 constitucional, que refiere al nombramiento del Fiscal General de la República. Se excusó diciendo: “eso lo dijimos, yo lo expresé en la campaña, es de dominio público, yo estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto.” Dijo que él enviará la terna al Senado, como la constitución actualmente establece. Añadió que el fiscal será un “hombre de inobjetable honestidad”. Como si la promesa fuera suficiente.


¿Qué implica que no se reforme el artículo? El nombramiento del Fiscal General depende de dos órganos: del Senado de la República y del Ejecutivo Federal. De acuerdo con las cifras del PREP, la coalición Juntos Haremos Historia contará aproximadamente con 69 de 128 senadores en la cámara (representando un 53.91% de ésta). Poniéndose de acuerdo, la coalición solo necesitaría el visto bueno de unos cuantos más para el nombramiento de un fiscal. El colectivo #FiscalíaQueSirva presionó a los ex candidatos presidenciales a que se comprometieran con reformar el artículo 102 constitucional, a fin de que el nombramiento del fiscal no dependiera ni del presidente ni de los partidos políticos conglomerados en el Senado, sino que fuese un procedimiento independiente y autónomo para garantizar su eficacia y la ejecución imparcial de justicia. Sin embargo, AMLO nunca se pronunció a favor de tal iniciativa.


El problema con que el nombramiento del Fiscal General de la República dependa de los partidos y del presidente, es la clara subjetividad a la hora del nombramiento: dado que la Fiscalía es el órgano encargado de impartir justicia, éste difícilmente operará independientemente de intereses particulares. El nombramiento independiente del fiscal, así como la autonomía e independencia de la Fiscalía como órgano, garantizan que la justicia se imparta de forma pareja, sin excepciones ni compadrazgos. Pero Andrés Manuel no lo entiende, o no quiere entenderlo. Se ha pronunciado bastante firme en su posición de no reformar el artículo. Como mencioné antes, el problema del proceso es lo que ocurre de facto: claramente los políticos no nombrarán a un fiscal independiente de sus intereses, ni permitirán que éste opere con carácter autónomo. Provoca un conflicto de intereses.


Aunado a esto, es preciso recordar que la coalición del ganador, difícilmente contará con oposiciones significativas en el congreso. Con un fiscal dependiente de los partidos y del presidente, y con una coalición sin contrapesos en el procedimiento, el resultado podría ser fatal. Andrés Manuel siempre se ha abanderado como una especie de paladín de la democracia, prometiendo a los mexicanos que el país será limpiado de arriba a abajo de corrupción. Bueno, pues ahora es el momento de demostrar con hechos lo que tanto ha predicado.


La lucha por la democracia en México no puede depender únicamente de buenas voluntades, de acuerdos entre compadres, de buenas intenciones. Tal vez comience con buenas intenciones, pero éstas tienen que ser respaldadas por cambios y reformas estructurales que nos aseguren que independientemente de las voluntades personales, la justicia y la democracia prevalecerán. Andrés Manuel tiene que comprender esto si quiere que su legado sea el de un presidente demócrata. Tiene que comprender que su legado serán sus reformas, sus cambios estructurales, porque sus acuerdos personales, seguro pasarán.


El poder probará las verdaderas intenciones de López Obrador, el poder probará qué tan comprometido está realmente con la lucha que dice tener. México sufre un cáncer llamado corrupción, que se empeora con la impunidad que la acompaña. En México, quien peca, no paga. Y esto debe parar. Es por eso que la lucha por la reforma al 102 seguirá, es por eso que exigiremos a AMLO una fiscalía que sirva: no más fiscales compadres y carnales, así no.


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